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Razones para el cambio

En los últimos 10 años Nicaragua han tenido un avance sustancial en cuanto al desarrollo e implantación de sistemas de información de la gestión pública. Sin embargo, estos avances no han partido de una estrategia informática del Gobierno, sino que se trata de sistemas aislados, diseñados para dar respuesta a iniciativas específicas de tipo institucional. Varios de estos sistemas han sido construidos hace varios años y requieren de actualizaciones conceptuales y tecnológicas), otros han sido actualizados tecnológicamente, pero sin tener en cuenta los nuevos requerimientos de la administración pública en cuanto desconcentración, conectividad y necesidades de información.


A la información que procesan los sistemas actuales, deben agregarse los requerimientos de otros procesadores de información de la gestión pública, que trabajan con hojas de cálculo y otras herramientas estándar de procesamiento por lo cual las oficinas públicas generadoras de información de las operaciones básicas del sector público, se ven abrumadas por múltiples solicitudes de información, bajo diversas metodologías de presentación y tiempo de captura. Esto provoca que los ejecutivos públicos y los analistas se enfrenten a una información de la gestión atomizada y contradictoria, lo que genera confusión en la toma de decisiones, resta credibilidad y crea desconfianza en el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno.

Las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación y en los diagnósticos efectuados, indican que a pesar de los avances logrados y de la expansión del SIGFA a las instituciones, aun quedaron pendientes actividades necesarias para el cumplimiento a la Ley No.550, Ley de “Administración Financiera y del Régimen Presupuestario” debido a que el SIGFA fue diseñado para dar respuesta a las necesidades propias de los órganos rectores del sistema, pero no se consideraron funcionalidades destinadas a dar respuestas a las necesidades administrativas de las instituciones en particular, que tuvieron que desarrollar un sinnúmero de sistemas aislados entre si y por supuesto sin conexión de ningún tipo con el SIGFA.

Lo que se puede llamar la “cultura del expediente o legajo de papeles” es el modo de operación de las oficinas públicas. Todos los pasos de los procesos se acumulan en agrupamientos de papeles, las oficinas trabajan como si fueran islas independientes, e interpretan la información con su propio lenguaje.

Lo expuesto demuestra que la estrategia de impulsar el desarrollo tecnológico fue imprescindible, por la necesidad de disponer de información para la toma de decisiones de los responsables administrativos y el desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera - SIGAF en el Sector Público de Nicaragua, significará un cambio en la gestión, a través de una reingeniería de procesos, nueva definición de roles y responsabilidades de cada una de las Instituciones que componen el sector público y de los funcionarios que trabajan en ellos, para que se pueda medir el rendimiento de una gestión en función del cumplimiento de metas y objetivos y no solamente ejerciendo el control de legalidad.

Por otro lado, el SIGAF no requiere sólo de normas, metodologías y desarrollos informáticos sofisticados, implica un cambio cultural en la gestión diaria de los funcionarios públicos; quienes necesitan de un proceso de capacitación continuo. La capacitación no debe concentrarse exclusivamente en la transmisión de conocimientos sobre metodología o procedimientos; si no también en la transmisión de pautas de comportamiento y de la visión que debe tener el funcionario público de estar al servicio de la sociedad administrando recursos que le han sido confiados.

A la información que procesan los sistemas actuales, deben agregarse los requerimientos de otros procesadores de información de la gestión pública, que trabajan con hojas de cálculo y otras herramientas estándar de procesamiento por lo cual las oficinas públicas generadoras de información de las operaciones básicas del sector público, se ven abrumadas por múltiples solicitudes de información, bajo diversas metodologías de presentación y tiempo de captura. Esto provoca que los ejecutivos públicos y los analistas se enfrenten a una información de la gestión atomizada y contradictoria, lo que genera confusión en la toma de decisiones, resta credibilidad y crea desconfianza en el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno.

 

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